Santo Domingo.– La aprobación en el Senado, mediante un procedimiento de urgencia, del proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha provocado el rechazo de representantes del sector turístico y empresarial, quienes advierten que la iniciativa incrementa significativamente las contribuciones de las empresas sin contar con estudios técnicos que sustenten los nuevos montos.
La propuesta modifica el artículo 36 de la legislación vigente y establece un esquema de aportes escalonados según el nivel de ingresos de las empresas. Entre los cambios más relevantes figura el aumento de la contribución anual para las compañías con ingresos superiores a RD$2,000 millones, que pasaría de un máximo de RD$675,000 a RD$3 millones.
Ante esta situación, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expresó su preocupación y solicitó una revisión técnica más amplia del proyecto, así como mayores espacios de diálogo con los sectores productivos. La entidad sostuvo que las nuevas contribuciones fueron definidas sin que se hayan dado a conocer estudios, metodologías de cálculo o análisis de impacto que justifiquen los montos establecidos.
La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, afirmó que el sector turístico respalda las iniciativas dirigidas a fortalecer la gestión ambiental y la economía circular, pero insistió en que estas deben sustentarse en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
A esta posición se sumaron la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), la Asociación Nacional de Rent A Car (Andri) e Inverotel, organizaciones que consideran que el esquema de contribuciones debe responder al tipo y volumen de residuos que genera cada actividad económica, reconocer las inversiones realizadas por las empresas en la gestión de desechos y evitar medidas que afecten la competitividad.
Las entidades reiteraron su disposición de trabajar junto a las autoridades para construir un marco legal que fortalezca la gestión integral de los residuos sólidos mediante una normativa técnicamente sustentada, ambientalmente efectiva y económicamente viable.
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